No nos cansamos de repetir la clásica frase de Marc Bloch: «la ignorancia del pasado lleva inevitablemente a la incomprensión del presente».
No nos cansamos ni debemos cansarnos, cuando observamos nuestra América y la democracia en el más amplio espacio del mundo occidental, para comprobar la fragilidad de las instituciones, el debilitamiento de los partidos políticos y -por encima de todo- la confusión del valor básico de la libertad política.
En ese espíritu, el Partido Colorado realizó el lunes pasado una reunión abierta al público de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, con un homenaje a las tres figuras protagónicas del recordado febrero «amargo» de 1973: el Dr. Amílcar Vasconcellos, valeroso Senador que no vaciló en enfrentar todo avance militarista con la misma convicción que había rechazado el terrorismo tupamaro; el Vicealmirante Juan José Zorrilla, que chocó frontalmente con sus colegas de armas para defender la legalidad; y el Vicepresidente Jorge Sapelli, que rechazó todas las propuestas de maniobras políticas dirigidas a desplazar al Presidente Bordaberry y procurar una nueva elección, así como no aceptó presidir el Consejo de Estado que sustituyó al Parlamento legítimo.
Una sala de la Convención llena, vivió una jornada de emoción y compromiso. A él estamos respondiendo también con un nuevo libro: «¿Qué pasó en febrero?». Lo vamos a presentar al público este 28 de febrero, en el Hotel Radisson.
¿Por qué esta insistencia?
Porque la sentimos necesaria para una juventud lejana a los episodios, que, del golpe de Estado, y mucho más aún de la guerrilla, solo tiene lejanas oídas. Hay libros, hay debates históricos, pero desgraciadamente se dan distorsiones historiográficas que demasiado se alejan de los hechos.
Tampoco falta quienes, aun de buena fe, sienten ociosa la mirada hacia atrás, cuando, en realidad, somos hijos de esos episodios, vivimos sus consecuencias (aunque no lo advirtamos) y debiéramos lúcidamente asumir su legado para evitar esas confusiones institucionales de que hablamos: como el golpe de estado de Perú, que al ser de «izquierda» es menos golpe, o la deportación de doscientos opositores nicaragüenses injustamente presos, a los que se les otorga el «beneficio» del exilio a cambio de perder hasta su condición ciudadana…
Lo que ocurrió en febrero de 1973, en Uruguay, fue lisa y llanamente el comienzo del golpe de Estado. Fueron días dramáticos, iniciados el día 1º, cuando el Senador Vasconcellos denunció el avance militarista en el país, el Presidente ratificó su voluntad institucionalista pero el Ejército sacó los tanques a la calle, llevó a la caída del Ministro y luego a la rebelión ante su sucesor, el noble General Antonio Francese. La Armada resistió con el bloqueo de la Ciudad Vieja, ofreciendo al Presidente un espacio de fuerza para negociar con los insurgentes. Ante su llamado, el Presidente no logró una convocatoria popular fuerte, aunque mantuvo el apoyo de todos los sectores colorados, aun el más crítico de Vasconcellos; del nacionalismo independiente liderado por Beltrán y de los grupos herreristas del Partido Nacional. El Frente Amplio, en cambio, apoyaba los Comunicados 4 y 7 del Ejército y la Fuerza Aérea; veía «positivo» el involucramiento político de los militares y celebraba que se abriera la posibilidad de un nuevo gobierno de «civiles y militares honestos». Consideraron que la cuestión no era entre «la libertad y el despotismo» o entre «la Constitución y el militarismo» sino entre el «pueblo y la oligarquía», asumiendo que a ésta la representaba el gobierno electo por el pueblo un año antes y que «el pueblo» les incluía a ellos, al sindicalismo y a los militares insurgentes.
Finalmente, el Presidente pide a la Armada el levantamiento del bloqueo, ante la inminencia de un choque armado y en el llamado Pacto de Boiso Lanza acepta la caída del General Francese. Al mismo tiempo, la instalación de un Consejo de Seguridad Nacional, de integración militar, que actuaría junto al gobierno como una suerte de tutela.
Si el golpe de Estado se configura por la subordinación del poder civil al militar, allí comenzó. Pese a que hasta junio sobrevivió el Parlamento, en que se consumó definitivamente la caída constitucional.
El gran argumento militar para el golpe era que «derrotada la sedición armada», se hacía necesaria liquidar la «subversión», consistente en los intereses políticos y económicos que presuntamente estaban detrás. La verdad es que la guerrilla estaba totalmente derrotada, los tupamaros presos y hablar de «subversión» no era más que un pretexto sin fundamento. Nada justificaba el golpe, como nada justificaba la rebelión guerrillera que se inició en 1963, en plena democracia, con un gobierno colegiado de 9 miembros a cargo del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, en febrero de 1973 coincidieron los dos extremos: tupamaros y militares golpistas, confluyeron en el ataque a los partidos políticos, el desprecio a las instituciones de la democracia «burguesa» y el combate a la presunta «corrupción» que había en el país. La izquierda política también se extravió y apoyó esa locura. Renunció a que el dilema era «Constitución o golpe de Estado» para servir a es vaga invocación de «pueblo u oligarquía». Y pasó lo que pasa siempre en que se desprecian la Constitución y sus libertades: una larga década de dictadura.
Esa historia está viva. Su lección se dicta todos los días. Quien no quiera leer en sus páginas, la podrá volver a sufrir en vida. Confiemos en que nunca más ocurra. Y en que nunca más, en nombre de la justicia social o el antiimperialismo, se caiga en el despotismo. Como ya pasa en tantos lugares y se amenaza en otros.
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