La Constitución prevé, con razón, la posibilidad de que las Rendiciones de Cuentas, además de la sustancia que su título indica, o sea el balance del Estado, contengan también modificaciones presupuestales. Es lógica esa flexibilidad, porque los contextos nacionales e internacionales pueden variar y el imprevisto, paradójicamente, hay que preverlo, ya que puede irrumpir de las más variadas formas. Si no, que lo digan estos dos años y medio en que tuvimos una pandemia universal y una guerra europea, que han desatado la inflación en el mundo desarrollado y han impuesto una transición energética de enorme magnitud y dificultad.
En nuestro país, con todo, la práctica se ha exagerado y en esas leyes se vive una segunda o tercera vuelta del Presupuesto General, en que casi todo se discute nuevamente. En nuestra segunda presidencia logramos llevar adelante dos “rendiciones” sin gasto, que mucho ayudaron a la derrota de la inflación, que habíamos recibido en 44 % y la pudimos reducir al 4,2 % en el 2000. Asumimos que fue algo muy excepcional. Actualmente, se vive un escenario post-pandemia también muy particular, con un presupuesto que sin duda alguna fue la base de que nuestro país pudiera superar el dramático año 2020 y comenzara una etapa de crecimiento.
Debe destacarse muy particularmente el rol cumplido por la Ministra de Economía Azucena Arbeleche y el Director de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie. El presupuesto se fue ejecutando con seriedad y se tuvo la buena idea de crear un Fondo Covid, en el que se concentró el gasto adicional que nos impuso la situación sanitaria.
Ese presupuesto y su sabia ejecución permitieron que en 2021 se registrara un crecimiento del 4,4 % y que en este año terminemos con un 4,8% aproximadamente. Naturalmente, como el país crece, también suben las expectativas, asumiendo que hay dinero para todo, como suele suponerlo el Frente Amplio. Así lo hizo en el gobierno anterior, en que previeron un crecimiento del 14,6% para el quinquenio y solo llegó al 6.5%. No se escucharon las advertencias sobre la irrealidad del supuesto y finalmente se terminó con un déficit del 5 % del PBI y las subas del IRPF y el IASS, ante el agujero fiscal producido.
El hecho es que el desempleo bajó del 10,5 % heredado a un 7 % aproximadamente en el año que corre. En 20121 se recuperaron 58.500 empleos y se estima que este año podrá terminar con 40.000 más.
La Rendición de Cuentas pasada permitió fortalecer el Programa de Primera Infancia, con una suba del orden de los 50 millones de dólares, y el de regularización asentamientos con más de 200 millones.
En la actual, se prevé incrementar el presupuesto en 226 millones de dólares. 45 millones van a educación, de los cuales 30 a la ANEP y el resto a la UTEC y el Ceibal. 26 millones recibirán las agencias dedicadas a los temas de innovación, como la relativa al tema audiovisual o a la investigación. El rubro mayor son los convenios salariales con COFE y Fenapes, del orden de los 70 millones, que permitieron tener paz en la administración y acortar la brecha de los rezagos.
Es muy importante el rol del Batllismo en el enfoque social: el año pasado fue la Primera Infancia, sosteniendo el programa a trancas y barrancas; en esta oportunidad está la educación. Y algo no despreciable, la derogación del impuesto Adicional al Fondo de Solidaridad, por el que luchara una y otra vez, con persistencia, el Diputado Conrado Rodríguez. Este impuesto grava a los profesionales, por encima del aporte a una Caja de Jubilaciones hoy -además- en situación de inminente quiebra. Que retroceda un impuesto, aunque sea muy específico, es algo relevante. Si todo sigue como hasta ahora, quizás el año que viene se empieza a revertir el injusto IASS.
Todos estos números desmientan categóricamente ese relato de los “recortes” que viene haciendo el Frente Amplio, de modo falso y demagógico. No olvidemos que el Fondo Covid significó 2.249 millones de dólares, con los que el Uruguay pudo preservar a su población de un modo comparativamente notable en el concierto internacional. Ellos fueron para sanidad y asistencia a los más necesitados.
Está claro que la conducción económica ha mantenido la prioridad social, haciéndola compatible con los necesarios equilibrios fiscales. Empleo, educación, infancia y asentamientos, han sido lo básico de la agenda. Es verdad que todavía se arrastra un rezago salarial: en la mitad de los trabajadores no llega al 1 %; en el resto, es del orden del 2-4 % según los sectores. Se priorizó el empleo y bien se sabe que, en la economía de competencia, la suba del salario puede comprometer la mejora del empleo, que era la prioridad luego del trágico año 2020.
Si la inflación mundial y el precio del combustible desatado por la guerra europea no aumentan el castigo que ya nos infligen, seguramente podamos terminar este período no solo manteniendo el salario sino acumulando un crecimiento liderado por las inversiones. Y este es otro gran tema: detrás de cada empleo hay siempre una inversión, sea una pequeña PYMES o una gran multinacional. Ellas solo aparecen cuando hay confianza y hoy en nuestro país hay confianza. El triste ejemplo de las consecuencias de esa debilidad es Argentina. Por eso, el manejo presupuestal serio, el abatimiento razonable del déficit y el impulso a mejoras estructurales como la de la seguridad son fundamentales. Esta última no significa nada en términos financieros para este gobierno. Nada de nada. Pero es un compromiso ético con las nuevas generaciones, que todo ciudadano que piense un instante tendrá que reconocer. Además, el testimonio incuestionable de una Coalición que gobierna administrando el presente y sembrando para el futuro.
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