El Frente Amplio intenta, desesperadamente, desplazar los debates sobre la LUC a los territorios en que sus falsificaciones propagandísticas les puedan resultar menos incómodas.
Arrancaron con la portabilidad numérica y el tiro les salió por la culata. Se iba a dañar a Antel y resultó lo contrario. El sindicato -inexplicablemente- no creía que Antel pudiera competir, como lo había hecho con éxito hasta el momento. Quienes creemos en la gestión de Antel pensábamos lo contrario y los hechos lo han demostrado. Más allá de ese favorable resultado, quien ya ha ganado es la ciudadanía, porque todas las empresas telefónicas tratan de cuidar a sus clientes, de hacerles ofertas, en fin, de atenderlos del mejor modo posible. Es el gran mérito de la competencia, en la que no creen, equivocadamente, nuestros sindicatos.
Luego derivaron hacia el dislate: «Se privatiza la educación». Un efímero titular de diario que duró diez minutos, porque los responsables tuvieron que reconocer que era un disparate. Ni se vendían liceos ni el Estado renunciaba a potestad alguna. A la inversa, el Estado se fortalecía. Y esta es la explicación del enojo de las corporaciones gremiales, que en los Consejos de Primaria, Secundaria y la UTU tenían subordinados a los jerarcas oficiales, a los que representan al gobierno que la ciudadanía democráticamente eligió. En el caso de Secundaria eso se ha probado de modo categórico en la investigación parlamentaria, con la evidencia de abusos, falsificaciones de horas y el reconocimiento del propio presidente del Codicen de la época. Esa es la verdadera razón del enojo: la pérdida de un poder del que abusaron. Por eso los consejos se han sustituido con Directores Generales.
El «gatillo fácil» fue la otra gran falsedad. Proteger a la Policía y establecer la presunción de que, salvo prueba en contrario, está actuando conforme a le ley, se tomaba como una invitación al uso abusivo de la violencia. La mentira se cayó sola. Los números fueron rotundos: en los 18 meses de vigencia de la LUC hubo 35 delincuentes abatidos por la Policía, mientras que en el mismo lapso del Frente Amplio, fueron 47.
Cuando se les vino abajo esa consigna, lanzaron entonces la idea de que las cifras no eran exactas. Se les demostró que la estadística la estaban llevando los mismos funcionarios que lo hacían antes y con el mismo método. Bueno o menos bueno, pero el mismo. Se derrumbó también la presunta denuncia.
Lo que asombra es que el Frente Amplio persiste en cuestionar la política de seguridad que inició el Ministro Larrañaga como si estuviera parado encima del pedestal de un éxito. Los responsables del mayor fracaso en la historia de la seguridad ciudadana, cuestionan y critican como si tuvieran una magnífica experiencia, como si fueran una autoridad en la materia. Comenzaron el gobierno con 9.000 rapiñas y terminaron con 30.000. Hoy, si comparamos el 2021 con el 2019, bajaron un 18% y un 20% en los hurtos.
La LUC fue una respuesta a la escalada de inseguridad que se había vivido en los 15 años frentistas, inaugurados con la liberación de presos de la primera presidencia del Dr. Vázquez, con su fugaz Ministro Díaz. El tema fue prioridad en la campaña electoral y fundamental en el acuerdo que definió la coalición. El Partido Colorado hizo un aporte sustancial de propuestas. Hoy el panorama ha cambiado. Se percibe que la lucha contra el narcotráfico viene dando resultados. La baja de los delitos también es incuestionable, aunque la atribuyen a la pandemia y no al mérito policial. Por lo que fuere, en todo caso se está mejor. ¿Por qué, entonces, poner marcha atrás? ¿Por qué detener lo que está funcionando?
La LUC es el sustento jurídico de la política que lideró el Ministro Larrañaga. ¿Volvemos a Bonomi, su equipo y la negación de la realidad que le caracterizó?
El propio sindicato policial ha sido muy claro en afirmar que la LUC le ha dado a su acción una garantía, un respaldo, que ha sido fundamental. Aparentemente, todos los sindicatos son buenos salvo el policial. Lo que en el caso es de enorme gravedad, porque derogar las normas llevaría, inevitablemente, al desánimo de una fuerza del Estado que viene animada por la respuesta de los resultados.
Esa es la opción. Seguir adelante o retroceder. Larrañaga o Bonomi.
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