El pasado jueves, el semanario Búsqueda publica una nota bajo el título de Alfie sostuvo que la inversión de Aratirí calificaba para los beneficios fiscales que le negó el anterior gobierno. Ella sugiere, de modo totalmente reñido con la realidad, que la información conocida sobre mi trabajo no era correcta. Veamos:
Como es notorio, el informe me fue pedido en abril de 2019 por el Estudio Ferrere y lo entregué en junio de ese año. Estaba lejos de toda actividad pública, de la que me había alejado por completo hacía 9 años. De modo que no hay especulación posible sobre la más mínima conexión de mi actividad privada de entonces con la pública que hoy desempeño. Mi declaración posterior, en enero de este año, fue simplemente ratificar los términos de ese informe.
En enero de este año publiqué los términos de referencia del contrato, que fueron: describir los regímenes de promoción de inversiones, los incentivos otorgados por la ley de inversiones y sus decretos reglamentarios y si el proyecto Valentines calificaba para recibir beneficios fiscales. El título de la nota alude a la cuestión de si la inversión de Aratirí calificaba o no para los beneficios fiscales. Y bien: eso era así, sin ninguna duda, pero no porque yo lo dijera, sino porque el propio gobierno lo había reconocido. No había debate sobre ese punto.
Además de las harto publicitadas negociaciones entre 2009-2010 y 2015 entre el gobierno y la empresa, y los reiterados anuncios del gobierno, los borradores de contrato firmados entre las partes tenían una cláusula que decía de manera expresa: “ROU y GZF acuerdan la celebración del presente Proyecto de Contrato de Inversión en el marco de la Ley 16.906 (ley de inversiones)”. A su vez, la resolución 804/2013 del Poder Ejecutivo, de fecha 4 de diciembre de 2013, firmada por el presidente Mujica, declaró como “Minería de Gran Porte al proyecto promovido por el conjunto económico Minera Aratirí” haciendo expresa referencia a 12 sociedades anónimas que integraban el “proyecto Valentines”. Esa resolución se dicta conforme a la Ley N° 19.126, de Minería de Gran Porte, que confiere beneficios fiscales según sus artículos 30 y 39, al amparo de la misma Ley 16.906.
Queda claro que el fondo del asunto en juicio no era dilucidar si tenía derecho a ampararse en la ley, porque eso era notorio y reconocido. El monto de los potenciales beneficios es otra cosa, y sobre eso mi informe dice claramente que calificar para ampararse en dichos beneficios no significa determinar su monto que, como el propio informe indica, depende de muchas variables tanto en indicadores como de erogaciones admitidas. El mismo informe dice claramente que calificar para los beneficios no implica siquiera determinar su monto, que depende de cada inversión en particular, según qué bienes y servicios la integran —no todos son admitidos— y los indicadores que atribuyen diversos puntaje, ni que se puedan finalmente conceder porque hay otras condiciones a cumplir: medioambientales, manejo de suelos (en este caso por ejemplo el plan de cierre de minas), garantías que se deben otorgar, inversiones adicionales de infraestructura, que el gobierno le suele pedir a las grandes inversiones, y otras condiciones a cumplir que pueden hacer que no se concrete, sea por condiciones insalvables o porque imponen costos que así lo determinan.
Haber tomado partido hubiera implicado realizar cálculos o controvertir otro u otros informes que los hayan hecho.
Queda entonces absolutamente claro que ni directa ni indirectamente actué contra el Estado uruguayo. El informe versó sobre la historia de la legislación en la materia y si un proyecto calificaba en función de las normas vigentes. En esto coincidíamos con el gobierno de la época. Todo lo demás, la sustancia final, sea la existencia de eventual daño, posibles incumplimientos a un tratado o montos involucrados, no fue materia de mi informe ni de ninguna opinión mía. Nada diferente a lo que ya expresé a comienzos de este año.
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