Nuestra identidad nacional se configuró, ya desde su origen más remoto, en torno a la idea de institucionalidad.
«Veinte años de desastres, de vicisitudes, de incertidumbres, nos han dado una lección práctica de que el amor a la independencia y libertad, el deseo de conseguirla y los sacrificios por obtenerla, no son suficientes para conservar ese bien, tras el que corremos en vano desde el principio de nuestra gloriosa revolución». «Los votos que hicisteis al tomar las armas en 1810, y al empuñarlas de nuevo en 1825, empezaron a cumplirse; pero no se llenarán jamás, si como mostrasteis ardor en la guerra, no lo mostráis igualmente en respetar las autoridades, amar las instituciones y observar invariablemente el pacto constitucional que han sancionado vuestros representantes».
Con estas frases comenzaba el Manifiesto de los Constituyentes a los pueblos representados en la Asamblea . Culminaba así la primera etapa, fundacional, del proceso formal de consagración de las instituciones republicanas por las que se venía luchando desde el primer día de nuestra Revolución. En 1813 las Instrucciones habían definido su idea política e institucional, sobre la base de una rotunda independencia de España (aún no asumida en Buenos Aires), una nítida definición republicana (cuando todavía ideas monárquicas circulaban entre los líderes de las Provincias Unidas) y una idea confederativa (entidades soberanas asociadas) que venía desde los EE.UU. y era el único modo de vertebrar a quienes habían sido parte del Virreinato del Río de la Plata.
Esas definiciones de principio fueron invariablemente sostenidas por el artiguismo desde 1811 hasta su derrota en 1820 y nunca fueron abandonadas, ni siquiera bajo la sujeción lusitana. Volvieron a ser nuestro programa desde la Cruzada de 1825, Rivera las trasladó hasta los pueblos de las Misiones y, con esa acción, provocó la definición de independencia que abrió el camino a las nuevas instituciones.
Notable es la labor de esos constituyentes. Justino Jiménez de Aréchaga, nuestro Maestro, dice que ella «representa un ejemplo de sabiduría política y de técnica constitucional entre todas las de su tiempo». En efecto, inspirada en ideas liberales que no eran por entonces predominantes, consagran, como dice Pivel y es «justicia señalar», «la igualdad y seguridad personal, la inviolabiildad de las propiedades, el derecho de petición, el libre ejercicio de toda clase de industria, agricultura y comercio, la libertad de prensa, la inviolabilidad de la correspondencia y el domicilio, en el orden de los derechos individuales; y en la distribución de los poderes, creando un verdadero poder parlamentario mediante la organización de un legislativo con atribuciones amplias, con inmunidades que asegurase su independencia funcional y una estructura adecuada para evitar influencias nocivas».
No faltan quienes hoy la apostrofan, porque se negaba el voto a la mujer, al analfabeto o al peón jornalero, sin entender que en la época no otra cosa cabía. No se advierte que en aquellos tiempos, desgraciadamente, esos sectores de población carecían de independencia de juicio, sometidos a subordinaciones hoy impensables, pero que solo se pudieron superar justamente porque nos dimos esa democracia que, con el devenir histórico, abrió nuevos caminos. Es un anacronismo parecido al de los que condenan a Aristóteles, teórico de la democracia, porque en su tiempo no condenó la esclavitud o los que le cortan la cabeza a las estatuas de Colón, negándose a sí mismos y rechazando lo que somos como civilización.
En otro extremo, Alberto Zum Felde, dijo que los constituyentes «prescindieron»… «de la realidad histórica del país, para imponer una constitución abstracta». El lúcido ensayista no advierte que esa realidad era el caudillismo militar y que, como bien señala Aréchaga, no podía hacerse una Constitución para reconocer que el poder político real lo tenían los generales. Sin embargo, esa Constitución les cerró el Parlamento a los militares: 34 de ellos -encabezados por Rivera y Lavalleja- se presentaron a la Constituyente reclamando que les permitieran ser candidatos al Parlamento, se les negó y el 18 de julio 1830, en toda la República, las fuerzas rindieron honores y juraron fidelidad a la Constitución. Es algo más que un símbolo.
El primer presidente constitucional, Fructuoso Rivera, cumplió su mandato atenido a la Constitución y la entregó cumplidamente a su sucesor. Así nació la República.
Es verdad que la vida política posterior fue turbulenta . Es notorio que el texto fue orillado más de una vez, pero nunca dejó de ser el punto de referencia. Nadie se atrevió abiertamente a desconocerlo. Todas los enfrentamientos y divisiones se hicieron en nombre de la Constitución y reclamando cada bando la titularidad de su cumplimiento. Hasta el General Máximo Santos, dueño de la situación luego de la intempestiva renuncia del Coronel Latorre y que asumiera el mando el Presidente del Senado, cuando quiso elegirse Presidente, recurrió a artilugios como hasta crear un departamento, pero siempre afirmando que se cumplían las normas, tal cual formalmente ocurrió.
Lo relevante es que nuestro país es hijo de una revolución que hizo de la institucionalidad su esencia. No siendo potencia económica ni territorial, nuestra configuración nacional se construyó desde la idea, y sentimiento, de nuestra autodeterminación republicana, como se vio, ya tempranamente en el Éxodo, cuando se pretendió manejarnos desde Buenos Aires. Así , desde el origen, la legalidad está inscripta en el ADN nacional. La propia dictadura militar no se resignaba a lucir como usurpadora y por eso pretendió, en el plebiscito de 1980, abrazarse a la Constitución que había violado, reconociendo su ilegitimidad sustantiva.
Nuestra idea de nación incluye lo que el filósofo alemán Jürgen Habermas ha definido como «patriotismo constitucional». En Argentina el Presidente es «de la Nación» y su banco oficial también es «de la Nación». En nuestro país el Presidente lo es de la República y así también se identifica nuestra mayor institución financiera. No es una casualidad. Es una definición de principios. El Uruguay es una República y solo una República, con lo que ello significa.
El 18 de julio, entonces, no es solo una fecha en el calendario. Es la celebración de un episodio que nos define como pueblo ante el mundo. Hagámoselo sentir, como podamos y por donde podamos, a nuestros jóvenes.
