Esta semana presenciamos uno de los episodios políticos más tristes y lamentables de los últimos treinta años.
El Frente Amplio impuso la mayoría que tiene en la Cámara de Senadores y dio media sanción a la derogación del artículo 162 del Código Penal que establece el delito de Abuso de Funciones.
Esta aprobación se da en momentos en que dos dirigentes de primera línea del Frente Amplio se encuentran procesados por ese delito y enfrentan el dictado de la sentencia definitiva.
La aprobación de este proyecto de ley significará que se les exonerará de sanción por el delito por el que fueron procesados.
A su vez, en estos momentos varios ex directores y funcionarios de Ancap están siendo investigados por su gestión en dicho ente. Entre los posibles delitos que cometieron se encuentra el de abuso de funciones.
La derogación del delito significará que si delinquieron no serán investigados por ello y se les exonera de responsabilidad penal.
La aprobación del proyecto de ley por el que se deroga el delito se hizo en tiempo record para el Senado: en un mes y medio se presentó el proyecto, se escuchó a varias delegaciones y se llevó a plenario.
Para ello se postergó el tratamiento de varias leyes prioritarias y necesarias.
Los elementos que rodearon esto son de una enorme gravedad.
El ex Ministro que se beneficiará con esta ley fue primer candidato a Diputados y jefe de campaña electoral en la elección pasada, y el Senador que informó por el Frente Amplio declaró que era “su amigo personal del que estaba orgulloso“.
Para fundar la derogación desde la bancada del Frente Amplio se dijo que toda las cátedras sostenían que el delito era inconstitucional.
Olvidaron que quien dice si es inconstitucional o no, no son las cátedras sino la Suprema Corte de Justicia.
La Suprema Corte de Justicia, desde 2005, con diferentes integrantes y en muchas sentencias ha dicho siempre que el delito es constitucional.
Quiere decir que el Frente Amplio quiere derogar un delito porque es inconstitucional pero quien tiene el poder para declararlo así dice que es constitucional.
El argumento que utilizan en realidad se debe usar contra ellos.
En la Comisión del Senado, entre otros, citaron para que dé su opinión ¡al abogado del ex Ministro de Economía procesado!
Nadie avisó en la Comisión que era quien lo defendía y su declaración fue pieza angular de la fundamentación oficialista.
El Senador que informaba por el Frente Amplio en el Senado y que ahora critica tanto la existencia del delito por el que fue procesado su amigo personal y correligionario, rechazó en el 2007 derogar ese delito y en el año 1997 postuló y aprobó que dicho delito fuera mas duro, aumentando la pena,
¡Hoy pide que se derogue!
Para interpretar la conducta de las personas es necesario tener en cuenta el elemento temporal. Es decir, los momentos en que ocurren las cosas.
Ello lleva a concluir, sin lugar a dudas, que el Frente Amplio está aprobando la derogación de un delito para salvar a sus correligionarios, el ex Ministro de Economía, el ex Presidente del Banco de la República y los ex directores de Ancap, de enfrentar sus responsabilidades penales.
El mero análisis de los tiempos permite llegar a esta conclusión.
Votaron en 1997 agravar las penas del delito de abuso de funciones.
Se negaron en el 2007 a derogar el delito de abuso de funciones.
Hoy, cuando sus correligionarios enfrentan en forma inminente la sentencia de condena de primera instancia y los posibles procesamientos por Ancap, derogan de apuro el delito.
Eso en términos jurídicos se llama “desviación de poder“.
No se puede utilizar el poder que se tiene, en el caso de legislar, para beneficio personal, de los correligionarios o su partido.
Se debe utilizar para el interés general.
En otros términos lo que hace el Frente Amplio es una inmoralidad: si un compañero o correligionario comete un delito, le derogan el delito para evitar que enfrente las responsabilidades por los ilícitos que cometió.
Si malo fue lo que ocurrió en el Senado, peor fue lo que vino después.
El Senador informante arrancó para los agravios personales que no contestaré.
Otra Senadora desinforma a la opinión pública diciendo que el delito ya estaba derogado o que había acuerdo para derogarlo.
No lo hay.
Lo peor, el presidente del Frente Amplio salió a justificar la aprobación de una ley para beneficiar a sus correligionarios diciendo que el delito violaba los derechos humanos.
Si se acepta su tesis la Suprema Corte de Justicia habría declarado constitucional una ley que viola los derechos humanos.
Si se acepta su tesis los Jueces habrían aplicado un delito que viola los derechos humanos.
Lo mejor: si se acepta la tesis del Presidente del Frente Amplio, el propio Frente Amplio en el pasado habría realizado denuncias contra ciudadanos por un delito que violaba los derechos humanos.
Es decir, habría violado los derechos humanos.
En el medio de todo esto nos enteramos que el Vice presidente de la República utilizó la tarjeta de Ancap para compras personales.
De nuevo salen todos a defenderle, entre ellos el presidente del Frente Amplio.
Han perdido el rumbo.
