La diputada colorada Nibia Reisch y el diputado de Cabildo Abierto Carlos Testa presentaron cada uno un pedido de informes en las últimas horas para obtener información sobre las pensiones que se otorgan a quienes fueron exiliados o presos políticos durante la última dictadura cívico militar 1973 – 1985).
Estas prestaciones están amparadas en la ley 18.033 de octubre de 2006, que confiere el derecho a indemnización a quienes por motivos políticos, ideológicos o gremiales se vieron obligados a abandonar el país, fueron detenidos o desaparecidos, así como a sus causahabientes (cónyuges, concubinos, hijos menores de edad y mayores de edad discapacitados).
La ley indica que las personas comprendidas en esta disposición «tendrán cómputo ficto de servicios, a los efectos jubilatorios y pensionarios» y una «asignación computable mensual equivalente a once Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC)».
Según la información del Banco de Previsión Social, el BPC implica a octubre de 2020 $4.519, por lo que los beneficiarios perciben actualmente $49.709.
Ambos pedidos de informes están dirigido al presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, para que sean cursado al Ministerio de Trabajo y desde ahí al BPS.
El pedido de informes de Reisch, al que accedió Montevideo Portal, pide en primer lugar informar «cuántas son las personas que han sido beneficiarias de este cobro».
En segundo lugar, se pide «nombre y demás datos de los beneficiarios y montos totales percibido por cada uno a la fecha».
Un tercer punto, donde Reisch hace especial hincapié, es en los controles que realizó el Estado para asegurarse de que el perceptor del beneficio es la persona que corresponde, así como de la «vigencia en la actualidad de las exigencias legales para su permanencia (no percepción de otros beneficios, cumplimiento de mayoría de edad, calidad de cónyuge o concubino, entre otras)».
Sobre estos controles se solicita además que se informe cuántos se han realizado, en que fechas y a quiénes se practicaron, además de su resultado y las «acciones llevadas a cabo para corregir situaciones anómalas».
Consultada por Montevideo Portal sobre si estimaba que había irregularidades en el cobro de las asignaciones, Reisch dijo no saber si hay alteraciones, pero que luego de obtenida la información «se hará un análisis. «El objetivo fue transparentar la situación», indicó.
