La Intendencia de Montevideo resolvió cancelar una deuda de 1.145.657 pesos –algo más de 25.000 dólares- que la exembajadora Rosario Portell mantenía con la comuna, a pesar de que el departamento jurídico de la comuna estimó que no había motivos legales para hacerlo.
Un informe de la asesoría jurídica de la IM señaló que la renuncia a cobrar la deuda de Portell -embajadora en China y Vietnam durante los gobiernos del Frente Amplio-, podía hacerse solo como una medida “discrecional”.
Desde el ejecutivo de la IM, fuentes que prefirieron no ser nombradas justificaron la decisión y la consideraron justa, ya que Portell desistió de llevar adelante el proyecto que generó la deuda.
Además, Portell pretendía que la IM le devolviera un dinero ya pagado, lo que no fue aceptado por las autoridades de Montevideo.
La IM comunicó que canceló la deuda de la exembajadora mediante una resolución enviada a la Junta Departamental de Montevideo el 12 de mayo. Allí se señala que se “resolvió dejar sin efecto el convenio de `reconocimiento de deuda’ (…) celebrado el día 6 de octubre de 2017 entre la Intendencia de Montevideo y la señora María del Rosario Portell Casanova”.
La situación derivó en un pedido de informes del edil Leonel Aguirre, del Partido Colorado, a la intendenta Carolina Cosse.
Aguirre preguntó a la jefa comunal “las razones por las cuáles se deja sin efecto el convenio de reconocimiento de deuda” y “por qué razón la Intendencia accede a renunciar a su derecho a percibir el saldo aún pendiente de pago”.
La Intendencia le respondió enviándole copia del dictamen de la abogada y escribana Verónica Morales, de su Asesoría Jurídica.
Del escrito de Morales queda claro que Portell pidió cancelar un convenio de pago que tenía por un trámite de “mayor aprovechamiento” de un padrón, “en virtud de que no realizará la obra” que había proyectado. La exembajadora, además, pedía que se reconociera como un crédito a su favor lo que ya había pagado.
El “mayor aprovechamiento” es el incremento del valor económico de los inmuebles que se origina “por la autorización que la Intendencia confiere para una intervención en el territorio departamental” que se aparta de las normas de construcción vigentes para ese sector de la ciudad.
Portell había obtenido una autorización de la Intendencia para construir un edificio en régimen de propiedad horizontal “con determinados apartamientos normativos en carácter de modificación cualificada con mayor aprovechamiento”. Entre otras excepciones, Portell pretendía construir un edificio de 11,70 metros, que llegaba a los 14,5 metros con su “coronamiento”, cuando el máximo habilitado en esa cuadra es 9. Por ello debía pagar un precio compensatorio de 1.727.569 pesos, de acuerdo la tasación del Servicio de Catastro y Avalúos de la IM.
El padrón adquirido por Portell es una subestación de UTE, en la calle Tabaré, en Punta Carretas, entre bulevar Artigas y Zorrilla de San Martín.
Portell aceptó el pago compensatorio establecido y el 6 de octubre de 2017 abonó el 10% del precio, o sea 172.756,90 pesos. Quedó un saldo de 1.554.813 pesos que “se abonaría en cuatro cuotas mensuales reajustables por IPC”.
Casi dos años después, el 30 de julio de 2019, Portell pagó la primera cuota por 409.156 pesos.
Tras recordar todos estos antecedentes, la doctora Morales analizó el pedido de Portell de que la deuda se cancelara y que lo pagado pasara a ser un crédito a su favor.
La abogada de la Intendencia recordó que el “pago compensatorio” no es un tributo, sino un precio. Agregó que Portell lo había consentido. Y que la Intendencia había otorgado las ventajas pedidas por Portell, “dependiendo de la propia interesada su concreción”.
La obra se había iniciado el 19 de diciembre de 2018 y de las normas vigentes “no surge elemento alguno que permita ligar el cobro del precio compensatorio a la efectiva finalización de la obra”, afirmó Morales. Y agregó que el hecho de que las obras hayan sino iniciadas pero no terminadas, por el contrario, podría dar lugar a sanciones.
Hoy el predio adquirido por Portell está cercado con chapas azules. Además, se construyó, invadiendo parte de la vereda, un precario muro de bloques para colocar los medidores de consumo. La subestación de UTE sigue en pie, y a su alrededor, oculta por el cerco de chapa azul, se acumulan desechos varios y basura.
Morales analizó luego en su dictamen todas las eventuales razones que podrían esgrimirse para revocar el convenio firmado, y una a una las fue descartando por improcedentes: “No existe en la situación de análisis causa alguna para solicitar la anulación del convenio, en tanto se firmó válidamente”.
“Por lo expuesto –continúa- la única vía de acceder a lo solicitado sería en el marco de lo dispuesto por el artículo 1294 del Código Civil, que establece con carácter general la posibilidad de que las partes por mutuo consentimiento extingan las obligaciones creadas por un contrato, mediante el otorgamiento de un nuevo convenio que así lo dispone y que se denomina de ‘mutuo disenso’. (…) En atención a que el mutuo disenso requiere la voluntad de ambas partes, la administración debe decidir si accede o no a otorgarlo de acuerdo a lo peticionado, y al no existir razones de legitimidad, el fundamento estará constituido por razones de mérito”.
En conclusión –señala Morales- “en opinión de la suscrita no existirían razones de legitimidad para acceder a lo solicitado, puesto que el convenio suscrito es válido y eficaz, estando la Administración facultada para perseguir el saldo todavía pendiente de pago. Sin perjuicio de ello y con carácter discrecional, la superioridad podría evaluar dejar sin efecto el convenio por razones de mérito, la prosecución de valores de oportunidad, conveniencia, utilidad o justicia en la realización de los fines públicos”.
Esto último fue lo que decidió la intendenta Carolina Cosse: renunciar al cobro.
“Decisión razonable”
Fuentes oficiales de la Intendencia de Montevideo consultadas por El Este señalaron que el proyecto que Portell había presentado para el predio de la subestación “era viable y correspondía aceptarlo y aplicar el cobro del mayor aprovechamiento”.
La resolución que fijó el precio de “mayor aprovechamiento” que debía pagar Portell –agregó la fuente oficial de la IM- le fijó un plazo de dos años para construir, a partir del 21 de agosto de 2017. Por ello la autorización de construcción caducó el 22 de agosto de 2019.
“La interesada se presentó luego del plazo de dos años, el 26 de diciembre de 2019, a decir que no construyó y por tanto no usufructuó del mayor aprovechamiento. La Intendencia resolvió no devolver lo ya pagado por la interesada, y no cobrar el resto. Esta decisión es razonable en razón de que el beneficio que concedió la IM y el uso económico del mayor valor del suelo surgido de la edificabilidad agregada no se concretó, ya que no se construyó la obra, ni se vendieron las unidades”, agregó la fuente oficial de la IM, que prefirió no ser nombrada.
“El privado no se benefició, y la IM no cobró el saldo”, agregó.
La doctora Morales, en su escrito de asesoramiento jurídico, había señalado que en caso de que se optara por perdonar la deuda, el “mutuo disenso” no podía tener efectos retroactivos, por lo cual era imposible devolver lo ya abonado.
En ese aspecto Portell no logró su objetivo y lo pagado con anterioridad no se le reconoció como un crédito.
La situación ya provocó polémica en la Junta Departamental de Montevideo. En la sesión plenaria del miércoles 4, cuando se aprobó el presupuesto municipal, el edil Aguirre, electo por el sector del diputado Gustavo Zubía, cuestionó a la bancada oficialista por lamentar la falta de fondos para atender proyectos varios y al mismo tiempo perdonar la deuda a Portell.
Desde la bancada oficialista se le recriminó al edil colorado que “embarrara” la discusión con un tema no incluido en el presupuesto a consideración.
“Yo no soy jurista, pero el informe jurídico de la propia Intendencia es claro en cuanto a que no hay ninguna razón para quitarle la deuda a Portell”, dijo Aguirre a El Este. “Si hubiera sido yo, ¿me cancelaban la deuda?”, se preguntó.
“Como una hormiga”
Portell es una militante frenteamplista, muy cercana al matrimonio de José Mujica y Lucía Topolansky. En la segunda presidencia de Tabaré Vázquez fue nombrada embajadora en Vietnam, a sugerencia de Topolansky y con el voto contrario de la oposición. El propio presidente Vázquez la había cesado con anterioridad dos veces, de otros dos cargos. El 24 de setiembre de 2008, en su primer gobierno, Vázquez cesó a Portell como subdirectora de Asuntos Económicos de la cancillería, cargo que se desempeñaba desde 2005. En 2010, durante el gobierno de Mujica, Petrell fue designada embajadora en China. Al llegar por segunda vez a la Presidencia, Vázquez cesó nuevamente a Portell, el 6 de julio de 2015.
El pasaje de Portell por China fue polémico, por decir lo menos.
Leonardo Traversoni –el segundo de la embajada– señaló en el Observador: “No ha habido jamás una embajadora tan incompetente, arbitraria y corrupta como la señora Portell en la China. Era el hazmerreír porque creía que hablaba inglés y decía cualquier cosa y exigía volar en primera, en fin, y cosas peores”.
Cuando se discutió en el Parlamento su designación como embajadora en Vietnam, el entonces senador Mujica señaló: “Puede ser que esta señora no tenga mucha capacidad, pero puede ser que sea una hormiga trabajadora”. Mujica también señaló que Portell era una “vieja militante comunista” de origen muy humilde, a la cual se la estaba haciendo pagar “cierto precio” por esos “pecados originales”.
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