El senador Julio María Sanguinetti dedicó su editorial en El Correo de los Viernes a defender los cambios en seguridad que propone la Ley de Urgente Consideración. «Retorna la gran prioridad», tituló, en el sentido de que con la gradual normalización vuelve a discutirse la seguridad.
«La prioridad mayor de la sociedad uruguaya es y seguirá siendo, por un cierto lapso, el manejo de la pandemia y sus consecuencias sobre el empleo. Está pasando, sin embargo, el período más crítico del contagio y comienza a redibujarse en el horizonte la prioridad mayor, hoy algo desvanecida: la seguridad ciudadana», escribió, destacando que es el núcleo esencial de la LUC.
«Cuando desde el Frente Amplio resuenan las voces críticas contra la ley de urgencia se entra en una suerte de mundo surrealista. Quien venga de afuera y escuche pensará que es un partido ajeno al poder y que en nombre de los derechos humanos trata de controlar los excesos de un gobierno conservador con antecedentes inmediatos de abuso», apuntó, al recordar que el Gobierno dejó «una herencia sin precedente» en delincuencia, incluyendo «una policía acosada y agredida por la impunidad de una delincuencia vernácula ensoberbecida».
La ley de urgencia es «una primera respuesta legal contra la impunidad delictiva y las resultancias de la descomposición social», opinó. «Al mismo tiempo que un patrullaje intenso y más policía que nunca en la calle, da la señal, a la ciudadanía (y a los delincuentes) que el Estado está jugado en el tema», consideró el expresidente.
Cambios
Destacó que se procura corregir los «procesos abreviados» y superar la suspensión condicional de la pena y las libertades vigiladas, «que se se habían transformado en un símbolo de benignidad ante el delito». Recordó cuando en San Ramón a un ciudadano que había comprado objetos robados y lo mandaron a hacer 100 tortafritas o a un delincuente que había robado un local de Farmashop se le «condenó» a no entrar el mismo Farmashop por seis meses.
Del mismo modo, según Sanguinetti, «se trata de proteger el andar policial, para que pueda operar con algo más de tranquilidad».
«¿Por qué no facilitar los procedimientos de identificación y conducción de las personas? ¿Por qué no proponer, como se hace, un delito específico de la resistencia al arresto, más allá del tradicional y limitado desacato? ¿Por qué no establecer claramente que es un agravante del homicidio el que se comete contra un funcionario judicial, policial o militar en el ejercicio de su función? ¿Por qué no flexibilizar y ampliar el uso de los agentes encubiertos y los colaboradores en tiempos en que la presencia del narcotráfico ha cambiado completamente la naturaleza de los procedimientos?», se pregunta.
Destacó también la necesidad de ampliar la «legítima defensa» para que no se refiera solo a «reprimir» sino aun a «impedir» la agresión. «Basta leer los diarios para que la crónica cotidiana registre al pobre comerciante de barrio teniendo que defenderse a tiros y muchas veces pagar con su vida la defensa de lo que es su modo de vida y el resultado de su esfuerzo», afirmó.
«¿Alguien cree que el voto a Bolsonaro fue un acto de seducción personal o de adhesión a un ‘duro’ que prometía dureza y represión violenta? La sola presencia de la policía en la calle ha concitado ya aplauso y mayor tranquilidad de la gente, aunque los resultados demoren. Y esto también hay que decirlo claramente: no hay milagros en la materia. Lo que hay y habrá es una acción sostenida que, a lo largo del período, esperemos que logre primero detener el crecimiento delictivo de los últimos años y luego comience un efectivo proceso de reversión. De eso se trata, porque a tanto llegó el desastre de estos años, que costará mucho poder superarlo», concluyó en su columna.
