El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, hará un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer la actuación del frenteamplista Charles Carrera cuando fue director general de Secretaría de la cartera.
El pedido del legislador llega luego de que el diario El País informó que Carrera habilitó en 2010, 2011 y 2012 que quien era su esposa en ese entonces utilizara los servicios del Hospital Policial, aunque ella no era funcionaria del Ministerio ni policía.
Tras la publicación, Carrera escribió en su cuenta de Twitter que “todas las autoridades y familiares directos se atendían en el Hospital Policial”
En su pedido de informes el diputado también consultará si existe alguna norma que habilite que las autoridades de la cartera y sus familiares tengan derecho a ser atendidas en el Hospital Policial.
Un decreto Ley del año 1974 dispone que al “servicio Sanidad Policial le compete la prevención, protección y recuperación de la salud del personal policial en actividad y en retiro” y “del núcleo familiar y pensionistas policiales”.
No obstante, el diario El Observador recuerda que una ley de 1967 tiene un alcance más amplio cuando refiere a la atención, ya que establece que “el Servicio de Sanidad Policial […] atenderá al personal dependiente del Ministerio del Interior y familiares a cargo del funcionario, así como también a los jubilados y pensionistas policiales y familiares a su cargo”.
En diálogo con Informativo Carve del Mediodía, Schipani dijo que “lo que hizo el senador fue una confesión, que desde nuestro punto de vista, contraría lo que establece el artículo 140 de la Ley 14.416, que es la que establece quienes pueden establecer a los servicios del Hospital Policial”.
Agregó que esta legislación establece que la sanidad policial tiene como destinatario los policías en actividad o retirados y sus familiares, pero no habla de las actividades políticas del ministerio. Incluso, destacó que a los policías se les descuenta un 4% de su salario para financiar la asistencia de este centro, lo que no sucede con las autoridades civiles, quienes realizan sus aportes al Fonasa.
“Es una situación ciertamente vidriosa. ¿Estas personas tenían dos tipos de atención médica? ¿Qué eran, ciudadanos privilegiados? Esto le estamos preguntando al Ministerio del Interior”, aseguró Schipani.
“Queremos acceder a la nómina de exautoridades y familiares que recibieron atención en el hospital, y, si es posible, una cuantificación económica de cuánto le demandó a sanidad policial financiar este tipo de atenciones, porque acá hay recursos públicos que se volcaron de forma irregular, para atender a personas que ya tenían atención médica a través del Fonasa”, agregó.
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