Hasta 2017, los beneficiarios de las pensiones alimentarias tenían en muchas ocasiones dificultades para cobrar. Ese año, se creó por ley el Registro Nacional de Obligados Alimentarios (Renoa) para “garantizar que las pensiones alimentarias a menores y a mayores incapaces lleguen en tiempo y forma” a los beneficiarios y les sea “más fácil” acceder a padres y tutores, dijo la directora de la institución, Daniela Barindelli.
Desde que se aplica el sistema, las retenciones se han ido casi duplicando: de 17.170 en 2018 pasaron a 36.929 en 2019, el año pasado sumaron 68.591. En los primeros seis meses de 2021 se ejecutaron un total de 45.042 retenciones económicas por aplicación de la ley 19.480.
“Lo que pasaba era que la administradora (quien cobra la pensión alimenticia en representación del menor) tenía que ‘correr’ para saber adónde trabajaba el obligado, qué empresa tenía que hacerle la retención, si no estaba trabajando y estaba recibiendo alguna prestación”, explicó Barindelli.
Todo esto además de dinero lleva tiempo para la persona que está tramitando el pago de una pensión. Para facilitar el proceso fue que se creó el Renoa.
Al registro llegan los oficios expedidos por el Poder Judicial en los casos de pensión alimenticia, luego se inscribe a la persona obligada a pagar y se cruzan los datos para saber si está empleado, en qué empresa y si percibe algún subsidio. También se informa sobre quiénes son los beneficiarios y la retención a aplicar. En el proceso, se notifica a las partes. Si el trabajador cobra un subsidio se comunica internamente al BPS para hacer las retenciones correspondientes por ley.
A su vez, la información sobre el obligado está disponible para los administradores en la página web del BPS. En el sitio también se puede comprobar si una persona está inscripta en el Renoa, indicó Barindelli.
Entre enero y junio de este año, el total de sujetos obligados registrados ascendió a 34.959 personas. En 2018 eran 10.363. El registro ha ido incorporando casos previos a la ley, tras un acuerdo entre el BPS y el Poder Judicial.
En tanto, el número de retenciones aumentó incluso en pandemia, cuando el crecimiento de los subsidios (por desempleo o por enfermedad) que abonó el BPS fue exponencial, dijo la directora de la institución.
El registro va actualizando la información de las personas a las que se les debe retener la pensión, según varíe su situación laboral, pero “aún tiene puntos de mejora”, comentó Barindelli. Un próximo objetivo es incorporar la información de los afiliados de las cajas paraestatales (notarial y bancaria) y los sistemas de retiro (militar y policial) de modo que esas instituciones “se pueden manejar como una empresa más” de las que aportan al BPS. Para ello, se incluyó un artículo en la Rendición de Cuentas.
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