Cuanto la campaña electoral, dijimos y repetimos que la reforma de la seguridad social pondría a prueba la ética del sistema político uruguayo. Reclamada por Astori, Mujica y Vázquez, debía encararse en este período pese a que el Frente había desertado de esa responsabilidad, aun considerándola imprescindible. La razón es obvia: vivimos más años, los vivimos mejor y no tenemos un ritmo de nacimientos que reponga el nivel poblacional. Eso lo sabemos todos y no tenemos por qué hacer una tragedia de lo que es una bendición.
Este gobierno asumió en la campaña el deber de encararlo y lo está haciendo. No le va ni le viene en materia fiscal, podría patear hacia adelante y el que viene tener que encararlo en condiciones más adversas. Y si no lo hace, simplemente terminaremos en crisis como las de la Caja Profesional o la Bancaria.
En el Uruguay, por suerte, el Estado es creíble pero eso hace que no se asuma que en algún momento el pago de su jubilación esté en juego. No se entiende que si el agujero fiscal crece más allá de lo manejable, caeremos en atrasos o, peor aún, en inflaciones confiscatorias de sueldos y pasividades, como ocurre en Argentina. Podrá seguirse pagando, pero «con carozos», como dijo un histórico Subsecretario de Economía en los tiempos de las carreras alocadas de precios y salarios.
O sea que el objetivo es clarísimo: equilibrar el sistema, para que no entre en crisis y arrastre a todo el Estado. Asegurar el futuro de la gente de trabajo.
¿Se hace esto de un modo drástico, fiscalmente ortodoxo?
Todo lo contrario: los derechos adquiridos son intocables y ningún jubilado se verá afectado de modo alguno. La Constitución los ampara, además.
Las legítimas expectativas tampoco se lesionan, porque ningún uruguayo mayor de 50 tendrá un cambio en sus expectativas sobre el régimen jubilatorio. La reforma entrará a regir en 2032, gradualmente, y llegará a exigir 65 años recién cuando hayan pasado cuatro gobiernos y cinco mundiales… Más parsimonia imposible.
Hechos los cálculos por el BPS, por otra parte, en ningún tramo de las jubilaciones hay pérdidas y en los más bajos, hay claramente una mejoría por un subsidio especial. Pero lo fundamental es asegurar la estabilidad.
Esta oposición cerril e insensata del Frente y sus entidades auxiliares, se basa en falsos temores y cálculos fraguados. Es una profunda falta de ética, en el amplio sentido de la palabra, porque ellos mismos vienen insistiendo en la necesidad de un cambio que ofrezca un horizonte de sostenibilidad.
El Partido Colorado, y esto nos importa particularmente, desde el primer momento ha estado protagonizando cambios, que fueron mejorando el proyecto, finalmente aprobado por la coalición el 17 de octubre pasado, en una reunión de todos los partidos con el Presidente de la República.
Dado que se plantearon de inmediato algunos cambios, dijimos que los estudiaríamos y también entonces propondríamos nosotros mejorías en el texto. De no llegarse a ningún acuerdo, se votaba como estaba.
Felizmente, se ha avanzado y el Partido Colorado ha mostrado, una vez más, su perfil propio y constructivo, a través de las propuestas que ha hecho el diputado Conrado Rodríguez. Mejorías, no demagogia.
Por ejemplo, la situación de la Caja Notarial es muy distinta a la de sus colegas. Ya en 2019 subió a la edad jubilatoria a los 65 años, bajó la tasa de reemplazo, subió aportes y equilibró sus cuentas. No está pidiendo un salvataje como las demás. ¿No tiene sentido, entonces, tomarnos un tiempo, cinco años por ejemplo, y monitorear su situación para tomar una decisión definitiva sobre su posible incorporación al régimen general? El planteo del Partido Colorado ha sido claro y acogido.
Fueron 8 los puntos planteados. Uno muy importante es de la jubilación de las personas con síndrome Down, que necesitarían una edad jubilatoria de 50 años, con 15 de servicio, porque su expectativa de vida es de 60 a 65 años y razones humanitarias imponen contemplarlos. Otro importante es la duración del vínculo matrimonial para exigir una pensión de viudez: el proyecto establece 3 años de antigüedad y se ha propuesto que sea un año, lo suficiente para evitar esos casamientos «in extremis». En otro orden, el proyecto permite retirar lo ahorrado en la capitalización a los 60 años, lo que amengua la renta vitalicia, razón por la cual se dispone que se prohíba su retiro antes de tener causal jubilatoria.
Desde un ángulo más jurídico, se prohíbe cualquier cambio en la edad mínima que no sea por ley expresa y se amplían las incompatibilidades de los miembros de la Agencia Reguladora que se crea.
Como siempre, el perfil colorado y batllista ha estado presente. Para preservar un sistema de protección social que creó el Batllismo en su tiempo y en 1985 salvamos de una crisis, creando el sistema vigente, con el ahorro voluntario, entre otras reformas. Desgraciadamente, en 2008 se produjeron modificaciones que son las que hoy nos están obligando a re-estabilizar el sistema, como lo reconocen aun los proponentes de esos cambios. Ahora, volvemos al trabajo y se seguirá perfeccionando, para llegar a buen puerto. Sin violar los acuerdos alcanzados ni contagiarnos de la demagogia que afecta a tantos, a derecha como a izquierda.
La política es vivir el presente y asegurar el futuro. A diferencia de los populistas, que proponen despilfarrar el presente y comprometer el futuro.
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