El llamado «caso Astesiano» ha resultado un considerable éxito mediático del Frente Amplio, que arrastró a todo el mundo a sumergirse en un absurdo debate que si no fuera porque el involucrado fue jefe de custodia del Presidente, no habría salido de la página policial.
En efecto: se trata de una banda de coimeros que se dedicaron, desde el gobierno anterior, a facilitar pasaportes a ciudadanos rusos. Esto ya se ha comprobado y hay involucrado un funcionario de Cancillería, un Cónsul nombrado por el gobierno anterior y que actuó entre 2013 y 2018, fraguando documentos o aceptando documentos falsos. Instalado este gobierno, esa banda sumó al jefe de la custodia presidencial, para beneficiarse de la supuesta influencia de este personaje.
Estamos, entonces, ante un delito contra la administración, tal cual lo define nuestro Código Penal. Fue investigado por la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, quien denunció la situación a la Fiscalía y el propio Presidente se enteró cuando se ordenaba la prisión del custodio.
¿En qué país del mundo ocurre algo así, cuando un servicio subordinado a la Presidencia investiga sin comunicarlo al propio Presidente? Podría haberlo hecho sin desmedro de su corrección funcional, pero la circunstancia de que el propio Presidente fuera el primer gran sorprendido muestra hasta qué punto nuestro país posee una institucionalidad administrativa atenida estrictamente a las normas legales.
Lejos, entonces, de caer en una «crisis institucional» como disparatadamente dicen voceros frentistas. Estamos ante lo contrario. Ante instituciones que funcionan, pese a la generación de un peligroso clima de escándalo que intente condicionar la independencia de criterio de la Fiscal actuante. Ella lo ha hecho hasta el momento con mucha seriedad, aunque me permito decir que si bien ha sido oportuna en algunas necesarias aclaraciones, ha usado algo de más el famoso «twitter». Este formidable instrumento de comunicación, notable para el relacionamiento de las personas, ha terminado generando una adicción, que -como todos los vicios- empieza siendo placentero y termina provocando más problemas de los que resuelve, especialmente en manos de jerarcas que no cuentan hasta 10 antes de escribir.
La Fiscal está trabajando y hay que dejar de presionarla. Ella misma ha dicho que se la pretende inducir a responsabilizar a la Presidencia, mientras salen todos los días trascendidos desde adentro de la Fiscalía. Que su titular reconozca que no puede asegurar la privacidad de sus investigaciones, no deja de ser un sesgo preocupante de la situación.
Por eso mismo, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado ha reclamado seriedad, no estar recogiendo versiones antojadizas, rumores o medias verdades, para construir un microclima de alarma que felizmente empieza ya a diluirse.
Nuestro Comité tiene toda la autoridad moral para reclamar esa actitud, cuando, en el período pasado, también rechazó públicamente se pudiera hablar de crisis institucional en el «caso Sendic».
Que hay un pecado original en la designación del Señor Astesiano, no lo niega ni el propio Presidente, pero aquí no se está ante un caso de corrupción del gobierno. No confundamos las cosas. Aquí no hay ningún Ministro o jerarca del gobierno, complicado en la situación irregular. Es un esquema delictivo del que ha sido parte un custodia de confianza del Presidente, defraudado abiertamente en su buena fe.
Por eso ha hecho mal el Presidente del Frente Amplio Señor Pereira en hablar de «crisis institucional» o afirmar que hay un «espionaje personal de Senadores con prácticas claramente extorsivas». ¿Alguien ha demostrado que efectivamente hubiera una extorsión? Ni siquiera él mismo, presunta víctima, lo han hecho. Lo que se sabe es que una supuesta empresa norteamericana, que es una fantochada, manejada por un uruguayo que ni tarjeta de crédito tiene en los EE.UU. , le mandó un mensaje al mentado Astesiano sin que concretara, por lo que se sabe hasta el momento, ningún procedimiento extorsivo. Si lo hubiera, los damnificados podrían demostrarlo y no han hecho otra cosa que victimizarse dando por sentado lo que la propia Fiscal dice que no se ha demostrado. Paralelamente, la actitud de aparente rebeldía ante la Fiscal de esos dos señores Senadores es realmente preocupante y no contribuye a aclarar lo que se ha llenado de nubarrones artificiales.
Todos, políticos, periodistas, funcionarios, tenemos que contribuir al buen orden republicano. Hay una Fiscal actuando, dejemos de presionarla. En una sociedad democrática, cada uno ha de cumplir su rol. No podemos llevar la politización de la justicia a los extremos a los que se la quiere arrastrar.
La democracia uruguaya es otra cosa. No nos contagiemos de los malos ejemplos cercanos.
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