Según la leyenda griega, los dioses condenaron a Sísifo a tener que empujar cuesta arriba por una montaña una enorme piedra que, casi al llegar a la cumbre, rodaba hacia abajo y él debía volver a empujar y así para siempre. Algo así nos pasa con el sistema de seguridad social. Cuando creíamos haberlo resuelto para un cuarto de siglo, resolvimos complicarlo y ahora hay que volver a empujar la misma piedra cuesta arriba.
Se instaló ayer la comisión especial que dispuso la LUC para evaluar el sistema y luego proponer las necesarias reformas. Está todo el mundo representado y, más allá de la buena intención de la propuesta, nos atrevemos a decir que los consensos serán muy difíciles, porque están sentados, sin ir más lejos, enemigos declarados de la ley de 1995 y algunos de sus co-redactores.
La historia reciente nos dice que en 1995 el sistema de seguridad social se salvó de su quiebra. Había llegado a ser la mitad del total del gasto público, más o menos un 15% del PBI. Era insostenible.
Fue así que se encaró una gran reforma, que modernizó el BPS, estableció un sistema de historia laboral, actualizó los parámetros básicos y añadió a la mesa una pata paralela de ahorro individual, administrado por las AFAP. Este fondo de ahorro previsional, encargado de pagar las prestaciones, alcanza los 2.000 millones de dólares, propiedad individual de cada trabajador que aportó.
Este sistema mixto fue impugnado por quienes imaginaban que el de «reparto» entonces vigente podía subsistir, sin decir cómo, y también por organismos internacionales que consideraban el régimen chileno -más privatista- como la panacea. Resistimos a ambos extremos y se logró comenzar un proceso de transformación altamente beneficioso. Las finanzas públicas mejoraban y el sistema empezaba abrir alguna ventana para mejorar la máxima injusticia, que son los topes. Entre los técnicos, nacionales e internacionales, se entendió que el sistema uruguayo había sido el más sabio.
Como todo andaba bien, el gobierno frentista resolvió hundirlo del todo al grito de flexibilizar rigidices. En la ley de 2008 se bajaron los años de aporte de 35 a 30, se abrió una vez más -entre otras «flexibilizaciones»- la canilla de las jubilaciones por testigos y en apenas tres años entraron abruptamente 80 mil jubilados. Por supuesto, también se hubieran jubilado, pero paulatinamente y no de golpe.
Como dijo el Ministro Astori en diciembre de 2019, haciendo un gran balance del país, «se profundizaron algunas características que hacen que el sistema de seguridad social necesite una transformación. Fue a contrapelo de las transformaciones que a mi juicio necesita el sistema de seguridad social».
Suele decirse que todos los partidos políticos votaron esa reforma «a contrapelo». Es media verdad porque los batllistas no votamos al comprobar que los alegres cálculos que hacía el oficialismo eran irreales. Otra gente votó de buena fe, pero equivocada. Y bien: según Rodolfo Saldain, presidente de la recién instalada comisión , esa reforma costó ocho veces más de lo pensado. Sí, ocho veces.
En 2017 se volvió a agravar la situación con el reclamo de los llamados «cincuentones», que a los 65 años hubieran cobrado lo mismo en el sistema nuevo que en el anterior, pero que querían a los 60 lograr lo mismo. Se les dijo que sí, se les autorizó a desafiliarse de las AFAP y no baja de U$S 1.300 millones lo que se agregó al agujero fiscal.
El resultado de toda esta historia es que el BPS, además de los aportes de patrones y de trabajadores, recibe ocho puntos del IVA y el total del IMESI. Y aun así, faltan unos 800 millones de dólares al años. O sea, de nuevo el Titanic se aproxima al iceberg y debe volver a salvarse el sistema.
Como telón de fondo del debate está el aumento de la expectativa de vida: en 1960 era 68 años; en 1980, 70; en 1990, 72; hoy estamos en 74 años y las mujeres prácticamente en 80. Añadamos que los trabajos pesados se han reducido a la mínima expresión y que, aun los más comprometidos, como la construcción, han mejorado enormemente su carga física.
Como si faltara poco, está el tema de las subsistentes «cajas» paralelas (militar, policial, profesional y bancaria), con regímenes especiales. Las dos primeras no deberían existir, porque no son «cajas» propiamente porque el Estado fija a su criterio el número de sus afiliados. Los militares aportantes hoy son la mitad que en 1985. ¿Cómo se hace entonces?
Lo triste es que el sistema de 1995 venia dando resultado y ahora hay que volver a rescatarlo. Nos imaginamos que el Frente Amplio asumirá su responsabilidad y aceptará lo que una y otra vez ha dicho su Ministro Astori. También nos imaginamos que algunas mentalidades pétreas (o ingenuas, en el mejor de los casos) difícilmente entren en razones, como nos lo dice la historia y que en algún momento habrá que asumir que no se puede esperar indefinidamente la unanimidad.
Está claro que el reacomodo financiero repercutirá recién para los gobiernos venideros. Al actual no le cambiará nada, porque son intocables los derechos adquiridos y cualquier transformación se hace hacia adelante. Quienes aspiran a gobernar en el futuro, se supone que serían los más interesados en que esto se resuelva, pero es muy fuerte la tentación demagógica de desmarcarse y esperar que otros saquen las castañas del fuego.
La reforma de la seguridad social pone a prueba la ética del sistema político. Allí se verá quienes son honestos frente a la sociedad o los que, así como han desbaratado lo bien hecho, no están dispuestos a hacer el menor esfuerzo para asegurarle el futuro a los trabajadores de hoy.
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