El país ha entrado en una nueva etapa.
Se cumple el primer año del gobierno y el mismo nos abre un panorama diferente: por un lado está la prolongación inesperada del fenómeno pandémico; por el otro, la perspectiva de que la vacunación nos ofrezca para la primavera un panorama relativamente normalizado para el que hay que pensar.
El gobierno de coalición puede decirle al país, y seguramente así lo hará el próximo 1º de marzo nuestro Presidente, que ha cumplido cabalmente su responsabilidad ante la inesperada situación de un mundo en crisis sanitaria y social. La pandemia se afrontó con decisión y el Uruguay se ubica, en términos comparativos, entre los primerísimos lugares en cuanto a la proporción de fallecidos sobre total de contagiados y sobre población. Ello nos habla de un gobierno que actuó con eficacia, de un sistema de salud que respondió y de una población que inicialmente fue ejemplar en su disciplina y que luego, si bien aflojó sus cuidados, tampoco nos llevó a la situación crítica de países europeos y latinoamericanos a los que la “segunda ola” les castigó severamente. Los números son contundentes, aunque en sí mismos sean dolorosos. Y ellos nos dicen que Uruguay es el país de América Latina con mejor balance, o menos malo cuando estamos hablando de desgracias. Entre nosotros hubo 14 muertes por cada 100 mil habitantes, frente a 76 de Alemania, 132 de España, 133 de México y 111 de Brasil y Argentina, nuestros vecinos, 700% más.
No olvidemos que el gobierno entró en marzo, la pandemia venía operando desde dos meses antes y el Ministerio de Salud Pública del gobierno frentista decía que el mayor riesgo era el dengue. Hubo que improvisar todo sobre la marcha y el resultado es evidentemente satisfactorio.
Digamos también que en el terreno económico y social se atravesó la situación del mejor modo posible dentro de las restricciones de una economía estancada, un enorme déficit fiscal y un mundo en crisis. La desocupación, que ya estaba en un 10%, hoy se ubica alrededor de un 11 a 12%, lo que sin duda es preocupante pero, por cierto, infinitamente mejor que el resto de nuestra América Latina. Las instituciones sociales clásicas del Estado -creaciones del llamado Estado Batllista- han sido los grandes instrumentos, fundamentalmente los seguros de desocupación, que llegaron a atender 190 mil personas; las asignaciones familiares, que llegaron a 300 mil personas con una retribución duplicada; la alimentación escolar. De los pocos instrumentos eficaces que dejó el Frente Amplio, la tarjeta social se usó con fuerza.
El Partido Colorado ha sido parte de este esfuerzo desde adentro del gobierno, desde el Parlamento y desde el debate público. Por eso mismo, con ese mismo sentido de responsabilidad, el miércoles pasado presentó un conjunto de “ideas” para esta etapa tan compleja que se presenta. No son titulares de prensa sino ideas realizables dentro del lineamiento general del gobierno, que integramos y acompañamos.
Las herramientas de acción son tres: el gasto del Estado, el crédito público y las inversiones privadas. Por sí sola ninguna es suficiente. El gasto ha sido naturalmente lo más zarandeado y si el gobierno puede hoy encarar algún margen mayor es por la prudencia con que actuó. Si se hubiera lanzado a esos programas disparatados del Frente Amplio, que costaban 1.500 millones de dólares, hoy estaríamos, al prolongarse la pandemia, en una situación crítica, teniendo que retroceder en ayudas sociales y al borde de una crisis. El apresuramiento entonces nos hubiera llevado hoy a una tragedia.
Hay que seguir ayudando a la gente, especialmente en el desempleo, porque no puede caer ningún seguro antes de la primavera. Hay que ayudar a las empresas, como se propone, flexibilizando las calificaciones para el crédito y así evitar cierres; ampliando el exi-toso Sistema de Garantías (SIGA), que ha salvado 13 mil pequeñas empresas, con un período de gracia mayor; hay que subsidiar el salario de un trabajador nuevo o que se saca del seguro de desempleo; hay que prolongar las reducciones de cobro de UTE y OSE para los sectores más afectados, entre otras cosas.
Mirando hacia la reactivación económica, el Partido Colorado está proponiendo la emisión de un Fondo de Infraestructura y Vivienda, del orden de 800 a 1.000 millo- nes de dólares, que nutra un fideicomiso administrado por la Corporación Nacional pa- ra el Desarrollo, cuyos procedimientos de ejecución se han demostrado más ágiles que los ordinarios de la administración. No es inventar obras sino acelerar la ejecución de las previstas para los cinco años de ejecución presupuestal.
Del mismo modo, el Partido Colorado considera que hay que aunar criterios para atender situaciones particulares como la especialísima del sector turístico o del ámbito de frontera del país, la de las mutualistas y los importantísimos sectores del arroz y la lechería.
Naturalmente, son ideas. Para que, dentro de las grandes líneas del gobierno, que compartimos, busquemos un nuevo impulso. Es una propuesta seria, sin demagogias facilistas tan a la moda y tan perniciosas, ni tampoco un llamado a que el Estado se retraiga en la acción de asistencia que ha cumplido cabalmente. En este año pasado el gobierno no se ató a una ortodoxia dogmática, como dicen opositores confusos y contradictorios que dejaron un enorme déficit. Cuando se duplica la asignación familiar y se agregan 30 millones de dólares o se invierten 72 millones de dólares en la canasta alimenticia, podemos decir, como Batllistas, que el tradicional Estado uruguayo ha estado a la altura de un desafío inesperado. Lo que ha habido sí, por suerte, es prudencia, la vieja virtud aristotélica. La misma que sigue inspirando al Partido Colorado, cuyo ADN sigue registrando la lealtad al Estado liberal progresista (o socialdemócrata, si se quiere) que construyó en un largo siglo de gobierno.
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