El directorio de UTE aprobó este martes el informe de gestión de Gas Sayago realizado por la empresa PriceWaterhouseCoopers y resolvió ponerlo en conocimiento del Ministerio Público para proceder a realizar la denuncia penal correspondiente, que se presentará en 10 días.
En conferencia de prensa las autoridades de la empresa estatal denunciaron que de la auditoría realizada por PwC «se detallan múltiples evidencias de que el proyecto de regasificadora no era viable desde su inicio».
El emprendimiento de Gas Sayago ha generado una pérdida de 213 millones de dólares hasta la fecha, que fueron financiados por el cobro de una garantía de 100 millones por la rescisión por incumplimiento del contrato principal, en 2015, y con 113 millones aportados por el Estado a través de sus accionistas UTE y Ancap.
Sin embargo, de acuerdo a la auditoría, esta suma no es final ya que debe sumarse la demanda por 37 millones de dólares realizada a Gas Sayago, el costo de la desmantelación de los pilotes en el Río de la Plata (8 millones de dólares) y los tres millones que se gastan por año en el funcionamiento de la sociedad.
PwC «no detectó la existencia de que UTE o Ancap hubieran aprobado un plan de negocios, ni siquiera un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto, el modelo económico financiero y el proceso de toma de decisiones para la adjudicación de los principales contratos», agrega el documento.
La participación de Argentina hubiera sido clave para la viabilidad del proyecto, pero «ya en el 2012 era claro que no participaría dado que no aportó el capital para constituir la sociedad» y que en paralelo ya se estaban construyendo parques eólicos que «eran suficiente para abastecer la demanda de energía».
Con respecto a los procesos de contratación de la empresa, en el informe se señala que la empresa a la que se adjudicó la obra, OAS, «no acreditó los requisitos mínimos requeridos».
Finalmente, desde el cobro de los 100 millones de dólares hasta que comenzó el proceso de liquidación de la empresa, en 2019, «en lugar de dar por finalizado el proyecto se persiste durante cuatro años en mantenerlo con el objetivo de encontrar un socio, lo cual nunca se efectivizó».
Durante ese tiempo se gastaron unos 10 millones de dólares en consultorías entre 2021 y 2019, además de contar con una escala salarial superior a la del mercado.
«En definitiva este proyecto tuvo múltiples instancias de detenerse porque no era económicamente viable: se sobredimensionaron ingresos y se subestimaron egresos, lo que generó un grave daño patrimonial al Estado», indica el documento.
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