La incautación o decomiso de bienes provenientes de actividades ilícitas, ha configurado una señal muy clara en el combate a la delincuencia, tan importante para el proceso como lo es la condena al delincuente, ya que la incautación actúa como estrategia preventiva y disuasiva de múltiples delitos. El Estado, amparado en una apropiada legislación, cumple con los estándares internacionales en la materia y ha realizado una consciente puesta a punto de estrategias al respecto; con la cooperación interinstitucional entre Juzgados del crimen organizado, dependencias del Ministerio del Interior – INR, la Junta Nacional de Drogas, la Secretaría de Lavado, entre otros muchos involucrados en tan complejo tema, se han elaborado mecanismos que permiten rápidamente entrecruzar datos para que el Juez tome decisiones sobre los delitos y los productos derivados de ellos.
No obstante, sigue siendo necesario encarar en lo inmediato, acciones tendientes a superar las deficiencias que mantiene el sistema judicial en cuanto a los “plazos”, utilizando eficazmente los instrumentos normativos vigentes. En el Departamento de Maldonado, existe un claro ejemplo de esta problemática, a saber:
En todo el país existen extensos espacios destinados únicamente al depósito a la intemperie, de bienes incautados en eventos delictivos; bienes que están afectados a una medida cautelar en el marco de un proceso penal.
Cientos de metros cuadrados de terreno atestados de vehículos en degradación, motos, partes, gomas, repuestos, elementos que por su estado ya se desconoce la correspondencia de su origen,abandonado en el lugar. Suelos afectados por diversos materiales en descomposición (metálicos, plásticos), que no se han de reutilizar o reciclar ni tampoco desintegrar en el corto plazo; agua estancada, condición perfecta para la producción de bacterias; un entorno maloliente y plagado de insectos; combustibles esparcidos, sustancias tóxicas que se diluyen en la tierra lo que sumado a las particularidades de saneamiento del lugar, sugieren claramente riesgo de contaminación.
En los establecimientos, en materia de objetos incautados a la espera de resolución, evidencia los efectos negativos de los extensos plazos que persisten para la expedición judicial, “conservando” bienes para una eventual devolución a su titular, en caso de que la sentencia no disponga el decomiso.
El próposito de este legislador es a) tomando ejemplo de la situación puntual descripta, se proceda a relevar y darle solución; b) en todos los casos, se persista en elevar el estándar de eficiencia de las operaciones judiciales para proceder rápidamente a dar fin (compactar como chatarra, tasar, vender, rematar o desintegrar) los bienes derivados del delito, adelantándose a que perezcan o se desprecien tanto al punto de perjudicar el ambiente, la salud humana, y producir gastos o perjuicios desproporcionados a las instituciones públicas. c) Fomentar a través de los fondos económicos que de una buena gestión se deriven, acciones reparatorias a la sociedad, planes, programas de fortalecimiento institucional, aportes al FNR, a medicina de complejidad, etc. tal y como lo administra el Fondo de Bienes Decomisados.
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