En tiempos de emergencia, no hay dudas: hay que ayudar al gobierno. Sea quien fuere. Trátese de un conflicto internacional, como fue el episodio de Glualegaychú, durante el gobierno del Frente Amplio, en que todos apoyamos sin reserva alguna, o económicos, como la crisis de 2002. En ese caso, el Frente Amplio, como ahora, jugó a la dualidad, con Astori hablando con tono comprensivo y el Dr. Vázquez llegando a pedir el default, la quiebra del país, tal cual lo exigía nada menos que el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, a la hora de votar leyes, no votaron nada y cada tanto reclaman que se les agradezca que no incendiaron el país.
Por estos días, reclaman más espacios de diálogo y organizan caceroleos. Se oponen a la ley que prohibió aglomeraciones para evitar contagios y, al mismo tiempo, sus grandes referentes piden «toque de queda», como mi colega Mujica, o «estados de excepcion», como Orsi. Votaron numerosos artículos de la LUC y ahora piden firmas para derogarlos en un referendum. Piden recursos extraordinarios y después no votan el impuesto solidario a los sueldos mayores. Se opusieron a la reapertura de las escuelas el año pasado y la reclaman ahora en un momento mucho más grave. Reclamaban una aplicación irrestricta de las medidas sugeridas por el GACH para disminuir la movilidad, pero al mismo tiempo apoyaron episodios tan fuera de lugar como la marcha del 8M. Como si todo esto fuera poco, califican de «política barata» la gestión del gobierno. Y sus militantes, se ha comprobado, explotan la penuria de la gente usando crudamente las ollas populares para hacer propaganda sin que nadie aclare o pida disculpas.
Todo esto revela, una vez más, la dificultad que tiene el Frente Amplio para ubicarse en un rol opositor que la actual generación de dirigentes no soñaba para sí. Los viejos referentes, los fundadores, transitaron años en la oposición. Los actuales crecieron saboreando los mieles de un gobierno que disfrutó de la suerte histórica de la gran bonanza de los precios internacionales de la década que arrancó en 2004. Por eso creen que la economía no tiene restricciones y que el dinero llueve del cielo, mientras tratan de reacomodarse en la carrera por el liderazgo interno que ya se largó.
Un reflejo antiautoridad, que todavía persiste, les lleva a vivir acosando a la Policía. Cualquier intervención suya es «un exceso». El «abuso policial» es parte de su discurso habitual. Y allí está el corazón de su propuesta de referéndum contra una ley que ha sido fundamental para que la Policía pueda actuar como lo está haciendo, con más presencia y -sobre todo- decisión.
Viven una especie de rencorosa revancha por lo que fue uno de sus mayores fracasos. Ideologizaron el delito y su represión, en una clave extraña de negación y voluntarismo. Por eso entregaron al país en manos del narcotráfico y con un delito en crecimiento en todas sus modalidades. Hoy el combate contra el crimen organizado está a la vista. Es sacrificado, pero se viene haciendo con resultados evidentes. No es casualidad, por lo tanto, que una reciente encuesta de opinión sobre el prestigio de las instituciones, ubique a la Policía en el primer lugar. Es un relevamiento que se hace desde hace muchos años y por eso posee un valor importante de comprobación. Ello nos lleva a la importancia que para nuestra sociedad tiene esa recolección de firmas que impulsan el Frente Amplio y el sindicalismo.
Son muchas las medidas de la ley a defender. En el mundo laboral o en la institucionalidad educativa, por ejemplo. Pero al tema de seguridad le damos una enorme relevancia, la mayor. Fue durante los últimos años la preocupación casi excluyente y continúa siendo un combate diario. La expansión de la droga y su comercialización ilícita han generado un submundo social que aflora diariamente en la aberración de sus crímenes. El vínculo con el delito organizado en el mundo también, aunque da la impresión que los sucesivos golpes que se le ha dado a esa oscura práctica, desalentarán a sus responsables. El Uruguay estaba -está- en el mapa mundial del tema. La eficacia policial permite abrigar una esperanza razonable de que podamos salir de ese ominoso registro.
Nos parece fundamental, por lo tanto, que estemos muy atentos al tema de este malhadado referéndum. Por ahora no ha logrado instalarse en la opinión y de ahí la inconstitucional propuesta de alargar el plazo de recolección de firmas. No es un tema más. Es muy importante que el mensaje de la ciudadanía sea claro y descarte definitivamente ese intento, reflejo ciego de un espíritu opositor que mezcla prejuicios y pasiones, al tiempo que pretende una revancha imposible. Como en la cuestión de la seguridad ciudadana fracasó, el Frente Amplio pretende arrastrar también a ese fracaso al gobierno actual.
Eso no puede ocurrir. No debe ocurrir. Sería otra pandemia.
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